El patrimonio de Duran i Lleida

Duran i Lleida ha hecho declaraciones en torno al desprestigio de la clase política: «La opinión pública cree que somos una cuadrilla de vividores. Los políticos están mal vistos y, le advierto, que mal pagados. Por eso cada día es más difícil encontrar gente válida que quiera dedicarse a la política; porque nadie desea estar en el ojo del huracán». Y añade: «Si la sociedad quiere que aquí venga simplemente gente que no tenga nada de propiedad y quieren que esta Cámara al final sea una Cámara de funcionarios y de gente pobre, pues vamos por el mejor de los caminos».

Como consecuencia de esa declaración, se han sucedido una cascada de insultos y descalificaciones contra el político: «Que es un facha», «que está contra los pobres», «que es elitista y clasista», etcétera. Aunque su declaración pueda ser malinterpretada, tampoco es de recibo ese linchamiento en la plaza pública.

No hubiera salido en su defensa si no fuera porque acabo de rellenar mi declaración de bienes y actividades. La nueva ley obliga a publicar en el Boletín Oficial todos los bienes, ingresos y deudas de los representantes locales. Así que a mí, como concejal, me ha tocado. Es lógico que esos datos —como hasta la fecha— estén bajo custodia del Ayuntamiento. En caso de sospechas de enriquecimiento ilícito, se comprueba que el patrimonio del representante público no se haya incrementado indebidamente. Ahora bien, publicarlo para que la información esté al alcance de cualquiera es peligroso y, para los que tengan un patrimonio amplio, constituye un riesgo inaceptable, incluso de secuestro. Un día ocurrirá una desgracia.

Además es exigible preservar el derecho a la intimidad, a cierta intimidad. Yo desconozco los bienes e hipotecas de mi vecino, del maestro de mi hija, del quiosquero, y eso debería ser recíproco.

Obligaciones todas, pero derechos los mismos.

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